Después de la devaluación, la cartera vencida del
sistema bancario ascendió a $55 mil millones, para Marzo del 95 era de $ 80 mil
millones y para el primer semestre se estima una cifra próxima a los $100 mil
millones. Con un tipo de cambio de $6.0, esta cifra representa un equivalente
de 16,500 millones de dólares".
Este aumento es consecuencia del
rígido programa de ajuste Zedillista, ya que para evitar un proceso acelerado
de inflación como consecuencia de la devaluación, se procedió a una fuerte
contracción de la demanda interna y a una política monetaria restrictiva, que
ha traído incrementos en las tasas de interés a niveles de entre 100% a 140%.
Desde los primeros días de la crisis, una combinación de
factores, tales como los súbitos incrementos de las tasas de interés, la pronunciada
caída del ingreso de la población, la gran cantidad de adeudos con
documentación y garantías notoriamente deficientes, la cancelación de los
recursos que llegaban del exterior y una palpable situación de incertidumbre y
desaliento que prevalecía en el país, mostraban claramente a los ojos de todo
el mundo, el riesgo inminente de una quiebra generalizada de la banca nacional.
Ante las circunstancias al principio de
1995, el gobierno enfrentaba dos alternativas: o permitía la quiebra de los
bancos o echaba mano de todos los recursos posibles para mantenerlos en operación.
El proceso de quiebra de los bancos tendría, entre otros
efectos, los siguientes: elevación de las tasas de interés; mayor devaluación
del tipo de cambio y un más amplio número de deudores morosos. Esto, sumado a
las precarias condiciones del país a principios de 1995, hubiera hecho caer la
economía en un círculo vicioso.
Haber permitido la quiebra del sistema bancario hubiese
tenido muy graves consecuencias económicas y sociales que se hubieran
prolongado durante varios años. Por esa razón, el gobierno decidió tomar
medidas para mantener al sistema financiero en operación con menor costo
posible.
Las acciones del gobierno para preservar las funciones de la
banca, dada su situación en 1995, pudieron tomar dos rumbos diferentes:
a) Una nueva estatización bancaria, siguiendo el modelo de
los años ochenta.
b) Una estrategia diversificada y selectiva, que buscase
restablecer la sana operación de los bancos a la brevedad y al menor costo
fiscal.
Se optó por lo segundo y estas son algunas de las razones:
• La capitalización de los bancos después de la crisis era
un elemento imprescindible para restablecer su sano funcionamiento. Si ésta
hubiera corrido por cuenta exclusiva del gobierno, habría significado un fuerte
desembolso de los contribuyentes.
• El cobro de los préstamos hubiera resultado mucho más
complicado siendo el gobierno el acreedor, puesto que está más sujeto a
presiones sociales y políticas para otorgar condonaciones, descuentos o no
ejecutar las garantías.
• Se habría tenido que pactar la indemnización de los
accionistas, pese a que el valor de los bancos se encontraba sumamente
deteriorado.
• La estatización bancaria, en medio de una crisis
macroeconómica, y tomando en cuenta las tendencias predominantes, habría
ocasionado en los mercados nacionales y extranjeros una reacción negativa que
implicaría, sin duda, la profundización de la crisis.
El gobierno ha procurado que el respaldo al ahorro no
descanse exclusivamente en los recursos públicos, para lo cual ha establecido
mecanismos que permiten que los propios bancos contribuyan a proporcionar esa
protección. Para ello, en 1981 se modificó La Ley de Instituciones de Crédito
(que como su nombre lo indica, es la que regula las actividades de los bancos),
con objeto de crear un fideicomiso (que es el antecedente más remoto del
Fobaproa) que, sin embargo, debido a la expropiación bancaria de 1982, nunca
entró en operación.
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue oficialmente
creado por el Gobierno Federal en 1990, para dar cumplimiento a lo que
establece La Ley de Instituciones de Crédito. El artículo 122 de esta Ley
señala que le corresponde al Banco de México administrar este fondo y llevar a
cabo las operaciones necesarias, a fin de evitar que los problemas financieros
puedan impedir a las instituciones bancarias cumplir con sus obligaciones. Para
el cumplimiento de sus propósitos, el fondo recibe los recursos que por ley los
bancos están obligados a aportarle.
Cabe señalar que el Fobaproa
fue creado para atender los problemas financieros de las instituciones en forma
aislada, pero no para enfrentar una crisis de la magnitud de la de 1995, que
rebasó con creces los recursos aportados por los bancos.
Por su parte, el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) también contribuyó a
solucionar los problemas de capitalización que enfrentaron algunas
instituciones bancarias. Al cierre de diciembre, el saldo de los recursos
canalizados por este programa fue de 3,215 millones de pesos, aumentando en 381
millones de pesos respecto a septiembre pasado y reduciéndose en 278 millones
si se le compara con el cierre del primer semestre del año. Es conveniente
enfatizar que estos recursos no han tenido impacto monetario alguno, ya que son
depositados en el Banco de México. Con la aplicación de este Programa, a
noviembre de 1995 todos los bancos sobrepasaron los niveles mínimos de
capitalización requeridos por los estándares internacionales.
En forma adicional al
Procapte, también se apoyó la capitalización de las instituciones de crédito a
través del Programa de Esquemas de Capitalización. Cifras preliminares al
cierre de diciembre, indican que la adquisición de cartera neta por medio de
este mecanismo ascendió a 65 mil 103 millones de nuevos pesos.
Considero que la información está muy amplia y muy fácil de entender.
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