miércoles, 29 de julio de 2015

Causas y consecuencias de la devaluación de 1998

Causas y consecuencias de la devaluación de 1998 en México.

La crisis económica de México de 1994 fue una crisis iniciada en México de repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20 mil millones de dólares para el Gobierno Mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares.
En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron "Efecto Tequila". En México también se le conoce como el "Error de diciembre", una frase acuñada por el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio.

Causas

La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor el 1º de enero de 1994, México en esta época parecía un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para financiar su gobierno, esto se hizo a través de Tesobonos y CETES. Estos bonos eran una especie de deudas a corto plazo, se compraban y vendían en pesos, pero estaban protegidos contra los efectos de una posible devaluación, al cotizarse en dólares, al momento de cambiarlos a pesos se pagaban al tipo de cambio vigente (no tenía razón de ser el hecho de comprar divisa norteamericana si existían otros instrumentos de rendimiento igual o superior). Esto era para prevenir la devaluación
La salida de la crisis
Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación del peso, sin embargo esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton solicitó al congreso enviar un paquete de rescate. Sin embargo diversos representantes del Congreso que se habían opuesto al TLCAN veían esta crisis como un resultado del tratado. El congreso votó en contra de la aprobación de fondos de rescate. No obstante, algunas personas dentro del Tesoro norteamericano encontraron una vía legal para enviar el rescate por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, la cual no requería la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Así, se enviaron de los Estados Unidos $20 mil millones de dólares, a los cuales se les añadieron casi $30 mil millones más: $17 mil millones del Fondo Monetario Internacional, $10 mil millones del Bank for International Settlement, mil millones del Banco de Canadá en forma de swaps de corto término y mil millones más provenientes de diversos países latinoamericanos (entre ellas Argentina y Brasil cuyas economías eran severamente afectadas por los efectos de la crisis mexicana). El dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos, y por los siguientes dos años, antes de ser afectado por la Crisis financiera asiática de 1998, se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos.

Consecuencias

La crisis trajo como consecuencia el surgimiento de sobrebeneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa. Esto provocó una atracción mayor a la real trayendo grandes ataques especulativos que conllevaron a tener un peso sobrevaluado. Esto colaboró para que la inversión extranjera y la especulación internacional. A su vez esto desincentivó la inversión directa provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas.
Las consecuencias se dieron, a raíz de la devaluación abrupta como consecuencia de la imposibilidad de mantener el tipo de cambio y la caída de las reservas internacionales propiciadas por las fugas de capital, todo esto aunado a los incrementos de la inflación.
Se creó un paquete de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos y diferentes organismos internacionales con 20,000 millones de créditos norteamericanos. Más de 10,000 millones por parte del FMI, 7,800 del BPI, 3,000 del Banco Mundial y el Banco Interamericano y 1,000 millones de diversos países.
El gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación, se creó El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el cual otorgó un aumento a los salarios mínimos del 7% e impuso un tope de 12,000 millones de pesos al crédito del Banco Central. Programa de Acción para Reforzar El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, donde se incrementa el IVA del 10% al 15% y reduce el gasto en 10%, se reduce de nuevo el límite al crédito del Banco Central en 10.000 millones de pesos para 1995, y otorga un nuevo aumento a los salarios mínimos del 12%.
Se da la Alianza para la Recuperación Económica, en la que se plantea el incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de los bienes públicos.

Por otra parte, una de las causas de la crisis económica fue provocada por la morosidad en carteras de créditos vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad de pagar. Para estabilizar el sistema financiero, se creó una estrategia en apoyo al sistema bancario y se realizaron reformas para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales y se implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de Unidades de Inversión (UDI).

domingo, 26 de julio de 2015

La reforma en el sistema financiero Mexicano

La reforma en el sistema financiero

El Banco de México, ante el cúmulo de reformas a sus disposiciones y con el objeto de facilitar a las instituciones de banca múltiple el conocimiento y consulta del régimen normativo aplicable a sus operaciones activas, pasivas y de servicios, expidió el 20 de septiembre de 1995 la Circular 2019/95.

Dicha Circular constituye una compilación del régimen vigente a esa fecha.

A continuación, se presentan algunas de las disposiciones más importantes que aparecen en la referida Circular, así como otras de las principales disposiciones expedidas durante 1995.

Operaciones celebradas por el Banco de México a fin de disminuir las presiones ejercidas por los Bonos de la Tesorería de la Federación (TESOBONOS) en el mercado cambiario.

El Banco de México ofreció a las instituciones de crédito la posibilidad de liquidar anticipadamente créditos otorgados por el propio Banco mediante el procedimiento de subastas, entregando en pago Bonos de la Tesorería de la Federación (TESOBONOS). Posteriormente, se permitió liquidar anticipadamente créditos que el Banco Central hubiere otorgado mediante subastas a instituciones distintas a aquéllas que hubieren entregado en pago TESOBONOS, así como liquidar anticipadamente depósitos que el

Banco de México hubiere constituido a su favor y a cargo de esas instituciones. Con el propósito de que las instituciones de crédito que decidieren liquidar créditos y/o depósitos pudieren mantener equilibradas sus posiciones de divisas, el Banco Central les vendió cobertura cambiaria de corto plazo.

A finales de enero, se estableció que las instituciones de crédito podrían vender TESOBONOS al Banco de México y con el producto de la venta, constituir depósitos a plazo fijo con interés en el propio Banco, siempre y cuando previamente hubieran liquidado los créditos y/o depósitos a favor del Banco de México que tuvieren a su cargo esas instituciones; con el propósito de que las instituciones de crédito mantuvieren equilibradas sus posiciones de divisas, el Banco Central celebró operaciones de venta de cobertura cambiaria con las instituciones que así lo solicitaron.


El 17 de marzo de 1995, el Banco de México, por cuenta del Gobierno Federal, ofreció pagar a su vencimiento, a las instituciones que así lo solicitaran, los TESOBONOS que mantuvieran en sus posiciones propias o de terceros, -además de por su equivalente en moneda nacional- en dólares de los EE.UU.A., siempre que los referidos valores gubernamentales estuvieran depositados en las cuentas propias o de terceros del custodio, a más tardar al cierre del día hábil anterior al de su fecha de vencimiento.

El plan de estabilización después de la crisis de 1994

Después de la devaluación, la cartera vencida del sistema bancario ascendió a $55 mil millones, para Marzo del 95 era de $ 80 mil millones y para el primer semestre se estima una cifra próxima a los $100 mil millones. Con un tipo de cambio de $6.0, esta cifra representa un equivalente de 16,500 millones de dólares".

Este aumento  es consecuencia del rígido programa de ajuste Zedillista, ya que para evitar un proceso acelerado de inflación como consecuencia de la devaluación, se procedió a una fuerte contracción de la demanda interna y a una política monetaria restrictiva, que ha traído incrementos en las tasas de interés a niveles de entre 100% a 140%.

Desde los primeros días de la crisis, una combinación de factores, tales como los súbitos incrementos de las tasas de interés, la pronunciada caída del ingreso de la población, la gran cantidad de adeudos con documentación y garantías notoriamente deficientes, la cancelación de los recursos que llegaban del exterior y una palpable situación de incertidumbre y desaliento que prevalecía en el país, mostraban claramente a los ojos de todo el mundo, el riesgo inminente de una quiebra generalizada de la banca nacional.

Ante las circunstancias  al principio de 1995, el gobierno enfrentaba dos alternativas: o permitía la quiebra de los bancos o echaba mano de todos los recursos posibles para mantenerlos en operación.

El proceso de quiebra de los bancos tendría, entre otros efectos, los siguientes: elevación de las tasas de interés; mayor devaluación del tipo de cambio y un más amplio número de deudores morosos. Esto, sumado a las precarias condiciones del país a principios de 1995, hubiera hecho caer la economía en un círculo vicioso.

Haber permitido la quiebra del sistema bancario hubiese tenido muy graves consecuencias económicas y sociales que se hubieran prolongado durante varios años. Por esa razón, el gobierno decidió tomar medidas para mantener al sistema financiero en operación con menor costo posible.
Las acciones del gobierno para preservar las funciones de la banca, dada su situación en 1995, pudieron tomar dos rumbos diferentes:

a) Una nueva estatización bancaria, siguiendo el modelo de los años ochenta.
b) Una estrategia diversificada y selectiva, que buscase restablecer la sana operación de los bancos a la brevedad y al menor costo fiscal.

Se optó por lo segundo y estas son algunas de las razones:
• La capitalización de los bancos después de la crisis era un elemento imprescindible para restablecer su sano funcionamiento. Si ésta hubiera corrido por cuenta exclusiva del gobierno, habría significado un fuerte desembolso de los contribuyentes.
• El cobro de los préstamos hubiera resultado mucho más complicado siendo el gobierno el acreedor, puesto que está más sujeto a presiones sociales y políticas para otorgar condonaciones, descuentos o no ejecutar las garantías.
• Se habría tenido que pactar la indemnización de los accionistas, pese a que el valor de los bancos se encontraba sumamente deteriorado.
• La estatización bancaria, en medio de una crisis macroeconómica, y tomando en cuenta las tendencias predominantes, habría ocasionado en los mercados nacionales y extranjeros una reacción negativa que implicaría, sin duda, la profundización de la crisis.

El gobierno ha procurado que el respaldo al ahorro no descanse exclusivamente en los recursos públicos, para lo cual ha establecido mecanismos que permiten que los propios bancos contribuyan a proporcionar esa protección. Para ello, en 1981 se modificó La Ley de Instituciones de Crédito (que como su nombre lo indica, es la que regula las actividades de los bancos), con objeto de crear un fideicomiso (que es el antecedente más remoto del Fobaproa) que, sin embargo, debido a la expropiación bancaria de 1982, nunca entró en operación.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue oficialmente creado por el Gobierno Federal en 1990, para dar cumplimiento a lo que establece La Ley de Instituciones de Crédito. El artículo 122 de esta Ley señala que le corresponde al Banco de México administrar este fondo y llevar a cabo las operaciones necesarias, a fin de evitar que los problemas financieros puedan impedir a las instituciones bancarias cumplir con sus obligaciones. Para el cumplimiento de sus propósitos, el fondo recibe los recursos que por ley los bancos están obligados a aportarle.

Cabe señalar que el Fobaproa fue creado para atender los problemas financieros de las instituciones en forma aislada, pero no para enfrentar una crisis de la magnitud de la de 1995, que rebasó con creces los recursos aportados por los bancos.

Por su parte, el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) también contribuyó a solucionar los problemas de capitalización que enfrentaron algunas instituciones bancarias. Al cierre de diciembre, el saldo de los recursos canalizados por este programa fue de 3,215 millones de pesos, aumentando en 381 millones de pesos respecto a septiembre pasado y reduciéndose en 278 millones si se le compara con el cierre del primer semestre del año. Es conveniente enfatizar que estos recursos no han tenido impacto monetario alguno, ya que son depositados en el Banco de México. Con la aplicación de este Programa, a noviembre de 1995 todos los bancos sobrepasaron los niveles mínimos de capitalización requeridos por los estándares internacionales.


En forma adicional al Procapte, también se apoyó la capitalización de las instituciones de crédito a través del Programa de Esquemas de Capitalización. Cifras preliminares al cierre de diciembre, indican que la adquisición de cartera neta por medio de este mecanismo ascendió a 65 mil 103 millones de nuevos pesos.
                                                       

La apertura comercial


La Apertura desde 1986. El proceso de apertura que se inició en México con el ingreso al GATT tiene cuatro eventos clave: primero, el propio ingreso al GATT; segundo, la introducción del Pacto; tercero, el inicio del TLCAN y, cuarto, la introducción de otros tratados de libre comercio, principalmente con la Unión Europea (TLCUE).

Ingreso al GATT. En 1986 México ingresó al GATT después de una negociación prolongada para determinar el ritmo y alcance de sus compromisos de apertura comercial frente a los 90 países pertenecientes a dicho acuerdo. Por primera vez, México asumió compromisos frente a la comunidad internacional para disciplinar, dentro de cierto rango, el comportamiento de sus aranceles y de otras medidas no arancelarias. Esos compromisos le daban al país un margen de holgura importante, puesto que consolidó niveles arancelarios bastante más altos que los que prevalecían en la economía mexicana en el momento de la negociación, a pesar de la holgura descrita, con el ingreso al GATT aumentó la apertura comercial de México de 20 %, en los años previos, a 30 % después del ingreso a dicha organización.

                                       

El Pacto. Si bien la señal del ingreso al GATT fue poderosa, la disminución arancelaria efectiva, que se introdujo con el Pacto a finales de 1987, fue mucho más sustantiva. La señal del GATT encontró un buen complemento en la fijación de un arancel máximo de 20% en prácticamente todos los sectores.

TLCAN. Al Pacto siguió el TLCAN que, aunque no se trató de una apertura general bajo el principio de nación más favorecida como fue en el GATT o en la propia fijación del arancel máximo, tuvo un efecto general muy significativo, dada la importancia relativa de la relación comercial con los países de América de Norte. El aumento más importante en el grado de apertura, a lo largo de todo el periodo analizado, ocurre con la formación del TLCAN. La razón del valor de las importaciones más las exportaciones sobre el producto interno bruto más que se duplica en un periodo relativamente corto de dos a tres años 6. El grado de apertura comercial de la economía mexicana cambia cualitativamente como resultado del TLCAN, puesto que la razón referida alcanza, de manera sostenida, niveles superiores al 50%.


La reforma educativa y el fin de la reforma agraria.

La reforma educativa.

Las acciones realizadas en materia educativa por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se producen en el marco de lo que algunos analistas califican como “el fin de un ciclo” en el desarrollo de los sistemas educativos latinoamericanos (Cf. CEPAL-UNESCO, 1992).

En efecto, al menos en el caso de México, el desarrollo del sistema educativo nacional (SEN) puede periodizarse en tres grandes etapas: un período de institucionalización (1920-1940), un período de crecimiento acelerado y diferenciación del sistema (1940-l980), y un período reciente de estancamiento (década de los 80).

La primera de estas etapas se caracterizó por la creación de un sistema de educación básica, de carácter único, nacional, centralizado y homogéneo. Sus dos principales tareas fueron:
a) Abatir los altos índices de analfabetismo (alrededor del 70 por ciento tras la Revolución), llevando la escuela a los sectores mayoritarios del país.
 b) Identificar a los diferentes grupos (clases, etnias, comunidades, etcétera) con el naciente estado posrevolucionario, es decir, integrar a la nación mediante la promoción de una cultura nacional única para todos los mexicanos (lenguaje, símbolos, etcétera).

La segunda etapa, de los años 40 a los 80, consistió en un acelerado proceso de expansión y diferenciación del sistema educativo. Por una parte, la matrícula en educación básica creció rápidamente, y por otro, el SEN se diversificó con el surgimiento y consolidación de otros subsistemas: educación técnico-agropecuaria, bachillerato, universidades, etcétera. Este último proceso, aunado a la terrible caída del gasto educativo durante la década de los 80, generó tensiones y contradicciones que revelaron la rigidez y obsolecencia de ciertas estructuras (curriculares, administrativas, etcétera).

Así, hacia fines de los 80 el SEN llegó a un momento de agotamiento en algunos de sus patrones de desarrollo: el acelerado ritmo de crecimiento de la matrícula en todos los niveles disminuyó o se estancó; el financiamiento descendió a los niveles de 1979; la calidad del servicio, sobre todo en educación básica, se puso en tela de juicio.
Esta situación llevó al gobierno a identificar cuatro grandes problemáticas del SEN: eficiencia, calidad de la educación, centralización-burocratización y financiamiento.

La reforma educativa de 2012-2013 en México es una reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de septiembre de 2013, Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los tres decretos fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.

La reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad. Se eleva a rango constitucional la posibilidad para que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y programas educativos. Además, se establecen diversas reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales y se adiciona una nueva fracción al artículo 3 constitucional.





El fin de la reforma agraria.

La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en tiempos de la guerra civil. A lo largo de un extenso período se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido, y los campesinos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo rural. La reforma agraria quedó inconclusa, y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992

El deterioro progresivo pero acelerado del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue posible alcanzar un consenso suficiente, aunque distante de la unanimidad, para reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir la pobreza, el atraso y la marginación. La primera etapa ese proyecto de reorientación de largo alcance fue la reforma del artículo 27 Constitucional en materia agraria, así como las leyes reglamentarias derivadas. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero de 1992, y unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal. Sin embargo, la crisis política de 1994 y la crisis económica de 1995 retrasaron o suspendieron la aplicación de los programas compensatorios y, lo que era más importante, de una reforma institucional que no sólo era complemento sino condición de la reforma integral de gran alcance. La reforma quedó inconclusa; sus metas sociales y económicas no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la reforma produjo efectos positivos que conviene analizar.


La reforma constitucional de 1992 partía de un principio, enunciado en la Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo, que recibió poca atención: a saber, que la iniciativa y la libertad para promover el desarrollo rural pasaban a manos de los productores rurales y sus organizaciones. La reforma invertía el enfoque previo que otorgaba al Estado y al Gobierno la facultad de planear y dirigir la producción en las zonas rurales. El Presidente de la República perdía las facultades extraordinarias relativas al reparto de la tierra como proceso administrativo, las cuales le habían permitido intervenir directamente en las decisiones internas de los ejidos. La nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales, y la propiedad de éstas pasaba a los ejidos. Los ejidos, en su calidad de sociedades propietarias de las tierras, no quedaban subordinados a las autoridades gubernamentales. La asamblea ejidal, autoridad suprema de unos ejidos reformados, gozaba de autonomía y era independiente respecto a cualquier intervención gubernamental. El valor de la tierra como capital se transfería del Estado a los núcleos ejidales para su uso y disfrute, incluida la comercialización. La justicia agraria se trasladaba a los tribunales agrarios ordinarios, y el poder ejecutivo perdía sus facultades jurisdiccionales. Se rompía así el vínculo tutelar entre el Estado y los campesinos; y los productores rurales, dotados de un capital territorial, fueron libres de manejar su propio desarrollo.


El control de la inflación y los pactos de concentración social.


El control de la inflación

Con el fin de "actuar con oportunidad, firmeza y apego al estado de derecho" contra una situación económica cada vez más compleja en que se combinan el crecimiento de la inflación, el deterioro de los salarios y la inestabilidad e incertidumbre en los mercados de dinero y capitales, el presidente Miguel de la Madrid anunció el 15 de diciembre la puesta en marcha del Pacto de Solidaridad Económica

El programa, concertado con los representantes de los sectores obrero, campesino y empresarial, implica la adecuación de los Criterios Generales de Política E-conómica para 1988, con el objetivo básico de abatir rápidamente la inflación en el curso del próximo año y sentar las bases para una recuperación firme de la actividad económica en la segunda mitad de 1988.

El Gobierno autorizó alzas de 85% en los precios de gasolinas, diese!, combustóleo y gas licuado; 85 y 55 por ciento, respectivamente, en el servicio telefónico local y de larga distancia; 84% en tarifas eléctricas; 81% en azúcar; 79% en fertilizantes, y 17% en ferrocarriles. Todo ello como parte de la política de ajuste del gasto público, que busca aumentar los ingresos y reducir los gastos.

También se anunció un aumento a los salarios mínimos de 15% a partir del 15 de diciembre y otro de 20% vigente desde el 1 de enero de 1988.

El presidente De la Madrid señaló también: " Sé que este Pacto a nadie deja contento". Pero agregó que el nuevo programa representa lo que en términos pragmáticos se puede hacer para "evitar que caigamos en una situación francamente hiperinflacionaria, que dañaría no sólo a la economía sino a la misma sociedad".


La consertación social. 


La concertación social puede entenderse como un proceso de interrelación o de intercambio político entre Estado y autonomía colectiva. Como respuesta a las exigencias de gobernabilidad de las sociedades complejas. El Gobierno a través de este proceso de diálogo y acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales representativas, en torno a los grandes temas de política económica social.

lunes, 29 de junio de 2015

Estabilización económica y modernismo


Estabilización económica 

El más reciente programa de estabilización de México, iniciado a fines de 1987, ha dado como resultado una drástica reducción inflacionaria y la renovación del crecimiento. De hecho, para diciembre de 1991, la tasa inflacionaria anual alcanzó cerca de 20% en comparación con una tasa de casi 160% a fines de 1987. Además, el producto interno bruto creció a una tasa anual de 4% durante 1990 y durante el primer trimestre de 1991, lo cual representa la mayor tasa de crecimiento desde 1981, el año anterior a la crisis de la deuda. Más aún, esto ocurrió dentro del contexto de una posición sólida en la balanza de pagos.

Aunque son notorios los logros económicos de México, es importante reconocer que los intentos de estabilizar la economía se iniciaron en 1983 y que durante el periodo de 1983 a 1988 la economía mexicana experimentó la tasa de crecimiento más baja de la actividad económica desde principios de la década de los cincuenta. En realidad, aunque México experimentó un superávit anual promedio en la balanza fiscal primaria —definida como el ingreso neto del sector público sin tener en cuenta el total de pagos de intereses y pérdidas cambiarías— de 4% durante el periodo de 1983 a 1987, la tasa inflacionaria anual promedio durante el mismo periodo fue de 89%.

Durante sus intentos de estabilización, las autoridades mexicanas también enfrentaron dos problemas adicionales y relacionados: la persistencia de las altas tasas de interés reales y la volatilidad de la fuga de capitales. Tras la liberalización del sector financiero, las tasas de interés reales en México aumentaron considerablemente y se mantuvieron en niveles altos durante el periodo de 1987 a 1989.


Lo cual todas estas medidas nos ayudo para que la  inversión alcanzo su máximo histórico en el primer semestre de 2013 al superar los 23 mil 800 millones de dólares.

Modernismo
 Es un proceso de industrialización y tecnificación. El cual representa el poder modernizar la economía mexicana y esto dar un paso más a volverse un país de primer mundo, pero con ello había obstáculos internos:

La baja productividad social del trabajo en México.

Externa competitividad exasperada del mercado mundial en la crisis y caída de los flujos comerciales.


http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/II-2/01_Rojas_263-304.pdf